Son las siguientes:
Fase de iniciación: la iniciación de oficio tendrá lugar por «propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia». El acuerdo de iniciación deberá ser notificado al presunto responsable así como el nombramiento de Instructor y, en su caso, de Secretario, a efectos de recusación.
Fase de instrucción: en esta fase, el Instructor, de oficio, realizará los actos de instrucción «… necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución».
Fase de prueba: los interesados podrán proponer la práctica de pruebas que, necesariamente, habrán de llevarse a cabo en los términos prevenidos en los arts. 77 y 78 LPACAP. Debe tenerse en cuenta que:
La carga de la prueba corresponde a la Administración.
La prueba ha de haberse obtenido con las debidas garantías no surtiendo efecto «las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».
Las pruebas deberán acreditar, mediante la valoración oportuna, su pertinencia y que no se trata de conjeturas o simples presunciones.
La negativa a la apertura de la prueba, cuando fuera procedente, puede dar lugar a indefensión y, como tal, constituir vicio determinante de
La regla de libre valoración de la prueba, permite considerar a las Actas de inspección como medios probatorios que pueden ser contradichos por pruebas contrarias (STC 76/1990, de 26 de abril).
Fase de propuesta de resolución: tras la formulación del escrito de alegaciones y, en su caso, la práctica de pruebas, el Instructor formula la propuesta de resolución que declara los hechos probados, los califica y los valora. Asimismo, como consecuencia, propone al órgano competente la sanción que estime procedente. La propuesta debe notificarse al presunto responsable (véase SSTS de 25.09.90 y de 9.03.98, entre otras y la STC 29/1989, de 6 de febrero) que podrá deducir las alegaciones que estime pertinentes. La jurisprudencia ha insistido en que es obligatoria la audiencia (SSTS de 16.06.97 y de 6.02.98). Concluido el expediente, el Instructor lo remite al órgano que lo designó para que dicte la resolución que estime procedente.
Fase de resolución: El órgano competente para resolver examinará la propuesta de resolución, pudiendo acordar:
Conformarse con la propuesta formulada.
Discrepar de dicha propuesta de que ejercite su derecho a una «diferente valoración jurídica» de los hechos.
Realizar actividades complementarias indispensables para resolver el procedimiento.
La resolución debe ser «motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente» (art. 88 LPACAP). Contra la resolución cabrá la interposición de los recursos administrativos que con carácter general se reconocen en la vigente legislación de procedimiento administrativo. Agotada la vía administrativa, procede la interposición del recurso contencioso-administrativo.
